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- El ojo nacional puesto de la discusión del próximo lunes en la SCJN, sobre la inconstitucionalidad o no, de la Prisión Preventiva Oficiosa.
DESDE EL OLIMPO
Por: Atenea
Muy “sobado” está el tema de la posible eliminación de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO). El lunes 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, va a discutir el tema en la sesión del pleno, y el alto tribunal llega al debate, con muchas posturas, todas ellas políticas.
Desde Palacio Nacional han argumentado que eliminar dicha medida cautelar, aumentaría la corrupción en el Poder Judicial. Otras voces señalan que la PPO es un instrumento de terror y venganza del propio gobierno de López Obrador.
Hay quienes argumentan -desde mi punto de vista, el planteamiento más importante a favor de declarar inconstitucional esta medida- que las principales víctimas del abuso de la PPO son los indígenas, los pobres, las mujeres; toda persona que no cuenta ni con los contactos ni con los recursos económicos para su defensa y que, por delitos menores, están en la cárcel.
Pero poco o casi nada, se ha dado voz a quienes tienen miedo de que, a quienes han acusado de secuestro, violación, feminicidio, crimen organizado, pornografía infantil y un largo etcétera de delitos de alto impacto, salgan a cobrar venganza.
Se está perdiendo de vista, en medio del debate político del asunto, de “a ver quién gana”, si el presidente o los que no simpatizan con él; que no todos los que saldrían con la desaparición de esta medida son inocentes o son gente humilde y buenas personas.
Muchos de ellos desde la prisión, siguen siendo operadores o cerebros de grupos criminales, y si desde la cárcel continúan con sus actividades ilícitas ¿qué nos hace pensar que saliendo optarán por el camino del bien y la legalidad?
No hay absolutamente ninguna garantía de ello. Por eso, muchas personas tienen miedo.
Cito un ejemplo, sin afirmar que el “afamado” Israel Vallarta, conocido por el escandaloso caso que protagonizó con Florence Cassez -que no referiré porque es de sobra conocido- es culpable de lo que lo acusan, porque no me corresponde.
En la popular serie de Netflix que aborda este caso, la viuda de una de las presuntas víctimas refiere que después de muerto su esposo, y ya con Vallarta en la cárcel, ella y su familia siguieron recibiendo amenazas… y me quedo pensando justo en esto que le digo, querido lector: ¿Quién se ha detenido a pensar en el miedo de las víctimas?
Destaco una de las poquísimas voces que se alzan al respecto, la de la señora Isabel Miranda de Wallace, cuyo caso es también por todos conocido -y aquí no cabe el debate de si le creen o no- sino que debemos centrar la mirada en lo importante.
Isabel Miranda de Wallace, desde la organización “Alto al Secuestro”, ha subrayado que, de ser aprobado el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que propone en esencia declarar inconstitucional la PPO, permitiría que personas vinculadas a delitos graves, como secuestro, extorsión o trata de personas, puedan seguir su proceso en libertar luego de pasar dos años bajo dicha medida cautelar.
Esto, alerta Miranda de Wallace, en algunos casos, podría provocar que las víctimas de delitos se vieran afectadas al no estar garantizadas sus condiciones de seguridad, una vez que los indiciados sean puestos en libertad.
Como ciudadanos, más allá de la postura que apoyemos, deberíamos estar atentos a que se tomen en cuenta todas las posturas, porque el tema no es tan simple y falta información. Como esta, la que nos pueda dar luz sobre cómo se sienten las víctimas, a quien nadie escucha.
