Condenan en Cuba a 127 manifestantes del 11 de julio con penas de entre 6 a 30 años de cárcel

Con información de BBC News

Más de 100 personas que participaron en las inusuales protestas antigubernamentales en Cuba el pasado mes de julio han sido sentenciadas a largas penas de prisión de entre seis y 30 años.

De los 129 acusados, solo uno fue absuelto y otro recibió una pena de 4 años «de trabajo correccional sin internamiento». Los restantes fueron declarados culpables de sedición y hurto.

El Tribunal Supremo de la República (TSP) informó en una nota de prensa del fallo del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Los juicios se celebraron entre el 14 de diciembre y el 3 de febrero y los acusados lo fueron por «haber cometido y provocado graves disturbios y actos de vandalismo».

Dos de ellos, Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven, fueron condenados a 30 años de prisión, dijo el TSP, sin especificar la edad de los condenados, señala AFP.

Las protestas del 11 de julio, donde miles de cubanos participaron cantando por la «libertad», fueron un hito en un país donde las manifestaciones contra el poder son poco habituales. De hecho, las concentraciones públicas no autorizadas son ilegales en Cuba. Más de 1.000 personas fueron detenidas.

Se produjeron en medio de una grave crisis económica y los manifestantes expresaron su enojo por los aumentos de precios y la escasez de alimentos y medicinas.

Muchos también fueron críticos con el manejo de la pandemia de covid por parte del gobierno cubano.

El Partido Comunista describió las protestas como un intento respaldado por Estados Unidos de derrocar al gobierno. Además, culpó a las sanciones de Estados Unidos de los problemas que provocaron las protestas y ha alegado en varias ocasiones que fueron financiadas e instigadas por grupos con sede en el país norteamericano.

Las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas, aunque en ocasiones puntuales se vandalizaron vehículos policiales y saquearon tiendas estatales. La policía las reprimió y hubo enfrentamientos en los que al menos una persona murió y decenas resultaron heridas.

Según el comunicado del tribunal, los manifestantes volcaron varios vehículos, incluidas patrullas de las fuerzas de seguridad, lanzaron piedras, botellas y cócteles molotov contra instalaciones policiales y funcionarios del Ministerio del Interior, provocando «lesiones (…) y daños materiales importantes».

En enero, la fiscalía cubana cifró en más de 700 los acusados de participar en las protestas imputados de los delitos de sedición, vandalismo, robo y desorden público.

Específicamente, dijeron que 790 personas habían sido «instruidas de cargo por actos vandálicos», según la información que proporcionó entonces el organismo en un comunicado.

Familiares de los acusados y activistas denunciaron que los juicios no son justos y las sentencias desproporcionadas.

En enero se supo que entre esos 790 acusados, había 55 jóvenes de entre 16 y 18 años. En Cuba la edad mínima de procesamiento penal es de 16 años, por lo que se les juzga como adultos.

El inusual comunicado de la Fiscalía, que hasta ese momento no había revelado datos específicos sobre el proceso del 11-J, llegó después de un aluvión de quejas de familiares y activistas, que denunciaron la falta de transparencia de los juicios masivos y las largas penas de prisión impuestas a los procesados.

Ya entonces, la organización defensora de los derechos humanos Justicia 11J aseguraba que los ya sentenciados habían recibido penas de prisión que van de los 4 a los 30 años.

«Estamos devastados», declaró a BBC Mundo en diciembre Luis Aguilar, padre de Walnier Luis, un joven de 21 años condenado a 23 años de cárcel por sedición. «Es una sentencia desproporcionada, y estamos atados de pies y manos porque no hay nadie a quien acudir», lamentó.

La fiscalía cubana considera ese tipo de acusaciones «manipulaciones y matrices de opinión» y aseguró haber «verificado el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso» en virtud de las leyes del país comunista.

«Se garantizó el derecho a la defensa, los abogados aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones», expuso entonces la fiscalía en el comunicado, y agregó que los cargos de sedición se aplicaron en relación con «el nivel de violencia demostrado».

La Embajada estadounidense en La Habana criticó en su cuenta de Twitter en enero las «sentencias desproporcionadas a jóvenes pacíficos e inocentes» y afirmó que las autoridades cubanas «no pueden aplastar las demandas del pueblo de un futuro mejor».

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