Redacción

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación sobre Mario Aburto, tras acusar actos de tortura en su contra e irregularidades por parte de médicos, por pretender ocultar o tolerarlos.

En un comunicado, la CNDH explicó que tras una investigación se determinó que los actos de tortura en contra de Aburto se realizaron por parte de elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), del Ministerio Público y custodios, desde el momento de la detención, en marzo de 1994, hasta las primeras diligencias y su traslado al CEFERESO número 1.

Asimismo, acusó que se le ha mantenido incomunicado y alejado de su familia, «lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno».

«Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado», detalló.

Resaltó que la nueva investigación o la reapertura de la anterior tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al esclarecimiento de los hechos, «que permitan a la víctima y a la sociedad acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas».

Agregó que en la nueva investigación, las autoridades también deberán responder por sus actos, «no solo a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño, sino también mediante acciones y políticas de no repetición».

Finalmente, la CNDH recomendó al titular de la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en el OADPRS en contra de los servidores públicos involucrados.

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